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19 febrero 2018

El fantasma de las aguas residuales en España (y sus asuntos pendientes)

En noviembre del pasado año, la Comisión Europea anunció que llevaba a España ante el Tribunal de Justicia (TJUE) por no garantizar la adecuada recogida y depuración de las aguas residuales urbanas en 17 aglomeraciones urbanas, una obligación recogida en la Directiva 91/271/CEE del Consejo sobre tratamiento de aguas residuales.

Esta norma contemplaba plazos de varios años para que los Estados miembros cumplieran los requisitos europeos, considerando entre otros factores la dificultad de la adaptación de las infraestructuras existentes, la construcción de las nuevas y la financiación de las mismas.

Pero rebobinemos. El aviso venía de lejos: ya en abril de 2011, el TJUE dictaminó que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación europea al no gestionar debidamente las aguas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).

El plazo otorgado por la Directiva, que data de 1991, llevaba entonces 11 años de retraso, ya que la fecha límite para adecuar o implantar los sistemas procedentes estaba fijada en diciembre de 2000.

Sin embargo, a finales de 2016 las cosas solo habían mejorado a medias, y las poblaciones de Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate en Andalucía; Santiago, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo en Galicia; Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira en la Comunitat Valenciana; Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güimar en Canarias y Gijón Este seguían sin resolver la cuestión de las aguas residuales, lo que conlleva la posible afección a 1.400.000 personas. Del total de estas localizaciones, llama la atención la elevada cifra de casos en Andalucía (8), así como cuestión de la depuradora de Gijón Este, que ha sido desde su comienzo un constate devenir de titulares y cruces de acusaciones de alcance mediático nacional.

Solventar este problema está en manos de las autoridades de cada país, que tienen el deber de garantizar la recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

En cuanto a la sanción solicitada por la Comisión Europea, la cifra no es precisamente desdeñable: nada menos que 46 millones de euros, más una multa diaria de algo más de 171.000 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución.

Andalucía: ¿En qué tejado está la pelota?

La situación de partida de Andalucía contemplaba 13 aglomeraciones incumpliendo la Directiva. Cinco han sido ya excluidas del procedimiento, pero aún son 8 las que necesitan mejorar la gestión de sus aguas residuales.

El pasado mes de febrero, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, pedía al Gobierno Central ejecutar la inversión pendiente de 300 millones de euros para obras de depuración en las localidades incluidas en los procedimientos sancionadores europeos, ya que la mitad de ellas (Barbate, Estepona, Matalascañas y Nerja) son competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y declaradas de Interés General del Estado.

En este sentido, merece la pena detenerse en análisis de ciertos casos, como el de Estepona: En noviembre de 2016, Fiscal aseguró que la ampliación de depuradora de Guadalmansa (comenzada en 2010 y no exenta de parones por falta de liquidez) ya estaba finalizada y lista para su entrega al Ayuntamiento de la ciudad malagueña. No obstante, aún quedan flecos por resolver que impiden su puesta en marcha. La inversión aportada por el Estado para esta infraestructura asciende a 30,1 millones de euros, y su ejecución depende de la Junta. Con esta nueva depuradora, la cobertura cubriría la demanda de hasta 400.000 personas de las nuevas urbanizaciones de Estepona, varias zonas de Marbella, Istán y Benahavís.

Otro caso es el de Nerja. A pesar de las continuas paradas de la obra de construcción de la depuradora, que cuenta con un presupuesto de 23,2 millones de euros y comenzó en 2014, se prevé que entre en servicio a mediados de 2017. El anuncio del MAPAMA fue que estaría finalizada para junio de 2016. En temporada alta, dará cobertura a unas 125.000 personas.

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